sábado, 9 de febrero de 2019

miércoles, 6 de febrero de 2019

Frente a las declaraciones del Gobernador Gerardo Morales


Denunciamos una práctica de impunidad y privilegios políticos



La adopción de niños en Argentina tiene una larga historia de irregularidades, muchas veces denunciada tanto en sede civil como en la penal. Después de fuertes debates en la reforma de la década del 90 y en normas posteriores hoy consagradas por el Código Civil se ha establecido un riguroso sistema de inscripción de postulantes en el Registro Unificado de Adoptantes (RUA) el cual funciona en el Ministerio de Justicia de la Nación y tiene organismos equivalentes en cada una de las provincias argentinas.
Cada postulante o pareja de postulantes, debe inscribirse y ser debidamente evaluada por un equipo interdisciplinario en el organismo sito en su localidad de vivienda y, una vez aprobado, pasa a integrar el Registro único por estricto orden de inscripción.  
Los jueces civiles solicitan las carpetas de los postulantes priorizando obviamente las que sean cercanas al domicilio donde se tramita la guarda. Solo en casos excepcionales se recurre a postulantes de otras jurisdicciones y en muy contadas ocasiones y con debido fundamento la justicia civil puede establecer otro procedimiento.  
En las palabras del Gobernador Morales, anunciando la existencia de “una familia importante ofrecida a concretar la adopción” y cuando señala más recientemente que quien realizó el pedido es la familia del fiscal Stornelli, se expresa en principio una fuerte intención de transgredir la legislación consagrada en el Código Civil.
En lo profundo predomina la visión oligárquica y conservadora de considerar la adopción como entrega de un premio o de un objeto, y a valorar la “importancia de la familia” de acuerdo con un código de valores poco ajustado a derecho.
Denunciamos entonces que el Gobernador Morales incurre en incumplimiento de deberes de funcionario público porque es su obligación conocer la legislación en materia de derecho de familia, y nos asombra por lo menos que el fiscal Stornelli – cuyo domicilio desconocemos, pero creemos que no es en Jujuy – desvalorice y se disponga a incumplir los circuitos del Registro Único de adoptantes que son ley obligada para el conjunto de la ciudadanía.
Mas allá de las múltiples demoras y obstáculos que se presentan en los procedimientos de guarda, y del horroroso tratamiento y la vulneración de derechos de la niña de 12 años embarazada por una violación en la provincia de Jujuy, cuestionamos profundamente las palabras y declaraciones de los funcionarios públicos que utilizan un doble estándar en sus acciones personales y su gestión política.
Doble estándar que puede definirse como Impunidad en materia del derecho de familia. Otros antecedentes denunciados en la provincia jujeña y oportunamente señalados en la prensa local y nacional permiten visualizar un modus operandi en materia de adopción, caracterizado por privilegiar la entrega de niños a quienes se considera pertenecientes a “familias importantes”, en el decir del cuestionado gobernador. –

Maria Elena Naddeo Copresidenta de la Asamblea Permanente por los derechos humanos
Integrante del Comité por la libertad de Milagro Sala

sábado, 19 de enero de 2019

No al cierre de las escuelas nocturnas de la CABA

La APDH presentó un recurso de amparo para dejar sin efecto la resolución que cierra las escuelas nocturnas en la CABA


En el día de la fecha, 17 de enero, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó un recurso de amparo en el ámbito del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires solicitando una medida cautelar con el fin de dejar sin efecto la resolución 4055/2018 del Ministerio de Educación de la Ciudad. La misma cierra la inscripción a primer año de numerosas escuelas nocturnas, además de fusionar cursos en cada una de ellas para los años siguientes.
Al cerrar la inscripción a primer año se está decretando la extinción de las escuelas nocturnas, con la consiguiente vulneración del derecho a la educación permanente de las personas adolescentes, jóvenes y adultas que pudieran necesitar y optar por esta modalidad educativa.


La APDH responsabiliza al Gobierno de la Ciudad, y a la cartera educativa en particular, por el proceso de vaciamiento de determinados servicios y programas educativos y por no haber desarrollado acciones de promoción y búsqueda de adolescentes, jóvenes, adultos y adultas que, en una cifra de alrededor de 500.000 personas, no han concluido sus estudios secundarios y residen en la CABA.
La escuela secundaria es obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires a partir del año 2002 por la ley 898 y a partir de la Ley Nacional de Educación desde al año 2006. De esta forma, es imprescindible la adopción de medidas de acción positiva para acercar a la población que no ha completado este ciclo para que pueda acceder al ejercicio del derecho a la educación a lo largo de toda la vida.


“La demanda potencial es muy alta, por lo cual el cierre de estas escuelas sin pensar alternativas, reformulación de plan de estudios, campañas de difusión para la inscripción resulta violatoria del derecho de los personas adolescentes, jóvenes y adultas a la educación y a la participación”, señala María Elena Naddeo, presidenta de APDH, y una de las firmantes del amparo junto a Paula Topasso, Secretaría de Educación y vicepresidenta del organismo de derechos humanos, y Ramiro Geber, abogado patrocinante del amparo e integrante de la Comisión CABA de la APDH.
El amparo presentado por la APDH solicita la declaración de inconstitucionalidad de la resolución 4055/2018 y exige como medida cautelar la inmediata convocatoria a inscripción para primer año a las escuelas afectadas por esta decisión del Poder Ejecutivo de la Ciudad, entre otras medidas destinadas a garantizar el derecho a la educación de adolescentes y personas adultas, así como impedir el cierre definitivo del turno nocturno de las escuelas.

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
17 de enero de 2019