ASAMBLEA POR LAS INFANCIAS Y ADOLESCENCIAS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
APIABA
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
APIABA
Con las presencia de más de veinte organizaciones y numerosos especialistas y militantes de los derechos humanos, se organizpo este nuevo espacio de debate y lucha por las políticas públicas de niños niñas y adolescentes.
En ATE Capital, las compañeras delegadas de el espacio de Niñez, Romina Piccirillo, Natalia Pandullo y Valeria Pipo explicitaron el motivo de la convocatoria, ampliar los canales de participación y articular las acciones dispersas en favor de los pibes y pibas de la Ciudad de las diversas organizaciones.
Maria Elena Naddeo en representación de la Asamblea Permanente por los derechos humanos explicó el camino recorrido en la aplicación de la Convención de los derechos del niño, la sanción de la ley 114 en 1998, y la lucha contra el viejo Patronato de Menores hasta su derogación con la ley 25061. Recordó como antecedente de esta reunión el Foro por los derechos del niño y la pertenencia a la Red Argentina No baja.
Gabriel Lerner comentó los contenidos del documento que en borrador se puso en consideración de la Asamblea y señalo la importancia de analizar las políticas de infancia de la Ciudad, cuyo presupuesto y recursos humanos técnicos y profesionales permitirían superar los múltiples obstáculos y la desigualdad existente.
Franco Guirino de la Asociación Civil Amanecer, Leo Petris de la Casona de los Barriletes, completaron los objetivos del encuentro y las posibles alternativas.
Las organizaciones presentes debatieron y formularon numerosos aportes al documento, cuyo texto ampliado fue aprobad. Patria Grande, La Dignidad, El Hormiguero, UTE, La Chavez, el programa de Niñez y Genero de la Defensoria del Pueblo, entre otras voces, señalaron la importancia de convocar a los propios chicos y chicas para las propias reuniones y eventos.
La próxima convocatoria sera para celebrar y analizar los 20 años de la Ley 114, de Protección integral de derechos de niños niñas y adolescentes, en la Legislatura porteña.
Para comunicarte con la APIABA podes llamarnos o usar el nuevo mail apiabacaba@gmail.com
Adjuntamos el documento fundacional de la Asamblea. en construccion por los derechos de nuestrxs chicxs.
Asamblea por las Infancias y Adolescencias de la Ciudad de
Buenos Aires (APIABA) 3/12/2018
El profundo ajuste que, de la mano del FMI, está imponiendo el
gobierno nacional a los sectores populares, afecta muy severamente a los más de
13 millones de pibas y pibes que viven en nuestra Patria. Basta observar con
detenimiento todos los parámetros que en este sentido dan cuenta del
crecimiento de la pobreza en los hogares más humildes y en la clase media
argentina. A ello se suma la pérdida de poder adquisitivo de las asignaciones
familiares y AUH, que si bien se ha intentado paliar con ajustes espasmódicos no
alcanzan a equiparar el profundo e incesante deterioro de los servicios
educativos y sanitarios. Se agregan simultáneamente diversas manifestaciones de
violencia institucional que dan cuenta de la necesidad de hacer valer las voces
que no son escuchadas. Estos son algunos de los efectos del ajuste que se
descargan sobre la niñez y la adolescencia que debieran estar plenamente
garantizados.
En este orden de cosas es importante señalar el reciente recorte del
presupuesto de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que agrava
aún más la situación, debilitando al organismo nacional responsable de la
rectoría y coordinación de las políticas orientadas a niñas, niños y
adolescentes.
Las chicas y chicos porteños no son ajenos a estos retrocesos devenidos
de la gestión nacional, a los que se suman un conjunto de políticas públicas
locales que, por definiciones ideológicas determinadas, por insuficientes o
simplemente por omisión del gobierno porteño, empeoran sus condiciones de vida
o no las mejoran en la medida en que podría y debería hacérselo dentro del
Sistema de Promoción y Protección de Derechos.
En noviembre del 2019 se
cumplirán 30 años de la puesta en valor por la Asamblea General de las Naciones
Unidas de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). En pocos años, la
referida Convención se convirtió en el instrumento de Derechos Humanos con más
adhesiones de la ONU y plasmó un trascendente cambio jurídico en las relaciones
entre la infancia y la adolescencia, por un lado, y las familias, las
comunidades y los Estados, por el otro.
El proceso de implementación normativa de la CDN en Argentina
implicó su ratificación por nuestro Congreso Nacional en el año 1990, su
incorporación luego a nuestra ley suprema en la reforma de 1994 de la
Constitución Nacional, y a partir de allí la conformación progresiva de un
plexo normativo que trajo la sanción de leyes locales, sostenido en la ley
nacional Nº 26.061, aprobada en el año 2005.
En este proceso, una de las primeras jurisdicciones en sancionar una
ley de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes fue la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: en diciembre de 1998 la Legislatura sancionó
la Ley nº 114, pionera en su tipo.
En muchos países, y también a lo largo y ancho de nuestra patria, se
reflexiona y debate de manera recurrente cuál ha sido el impacto real que la
Convención y las leyes nacionales o locales de protección de derechos han
tenido en la vida de niños, niñas y adolescentes.
Nuestra Ciudad de Buenos Aires no es ajena a esos análisis y
discusiones. Existen amplios consensos de que, a casi 30 años de vigencia de la
CDN y 20 años de la Ley 114, la niñez y la adolescencia porteña han logrado
importantes avances en reconocimiento y acceso efectivo a un conjunto de
derechos. Reformas normativas, innovaciones en las políticas públicas, y la
creación de programas y de nuevas institucionalidades, hicieron posible esos
avances culturales y sociales.
Paralelamente es posible verificar que, en los últimos años, se ha
producido en nuestra Ciudad un estancamiento y hasta retroceso en las
dimensiones programáticas e institucionales del sistema de protección de esos
derechos, que se reflejan en severas afectaciones de la calidad de vida de
amplios segmentos y contingentes de niños, niñas y adolescentes, muy
especialmente de sectores socialmente vulnerables.
Dan cuenta de ello, variados procesos de movilización y demanda de
diversos sectores sociales –incluidos los propios adolescentes porteños-; activismo
de organizaciones sindicales, de género y territoriales que también se relacionan
con chicos y chicas, así como investigaciones de especialistas, organismos de
derechos humanos y movimientos políticos opositores a un oficialismo que va por
su tercer período de gobierno. Todo ello pone en evidencia un conjunto muy
significativo y relevante de deudas del Estado porteño para con los niños,
niñas y adolescentes de la Ciudad. Sin ánimo de ser exhaustivos entendemos
necesario destacar algunas de esas vulneraciones de derechos:
·
De acuerdo a estadísticas
oficiales del Gobierno de la Ciudad en el último año, el número de personas pobres
aumentó 1,1%, alcanzando al 16% de los habitantes y, de ellos, el 4,3% se encuentra
en la indigencia. Pese a esa tendencia no hay políticas específicas de
relevancia del gobierno porteño orientadas a revertir dicha tendencia ni
tampoco a atenuar los efectos del empobrecimiento en niños, niñas y
adolescentes.
·
Una manifestación muy visible
de ese empobrecimiento es el aumento de la cantidad de familias en situación de
calle, muchas de ellas con niños y niñas, también reveladas por el censo del
año pasado y que sin dudas se han incrementado visiblemente en el último
tiempo. Según los datos oficiales, en 2016 hubo 866 personas en situación de
calle en la Ciudad; en 2017 ese número aumentó a 1.066, y hoy alcanza a 1.091.
Sin embargo, un censo
alternativo elaborado en forma conjunta por el Ministerio
Público de la Defensa de la Ciudad, la Auditoría General porteña, la Defensoría
del Pueblo y más de 50 organizaciones sociales, políticas y barriales, en
2017 había 4.394 personas que vivían en las calles porteñas, número que
ascendía a 5.872 si se suma a quienes utilizan la red de alojamiento
transitorio nocturno[1]. Basta
ver estas personas sufriendo esta cruda realidad que ya ha ganado no solo los
puentes, ni el centro de nuestra ciudad, sino también los barrios de la geografía
local. La dimensión de esta problemática pone de relieve un visible y
significativo número de chicos y chicas viviendo en las calles de la Ciudad, ya
con sus familias, ya solos o en grupos de pares.
·
Al ello se suma que la puesta
en marcha de la Policía de la Ciudad junto al cambio del manejo político de la
Gendarmería y la Prefectura en diciembre de 2015, redundaron en un fuerte
aumento de la violencia institucional en contra de niños, niñas y adolescentes,
en especial en la zona sur de la Ciudad. Algunos casos emblemáticos de muertes
de jóvenes y adolescentes a manos de las fuerzas de seguridad (en el 2018 se
registraron 2 adolescentes asesinados por fuerzas de seguridad en la Ciudad), constituyen
la expresión más grave de ese cambio, que va acompañado por situaciones
permanentes y cotidianas de detenciones arbitrarias, hostigamientos, malos
tratos y vejámenes a los pibes del territorio de la Ciudad. El control más
“duro” de la vía pública, se expresa en esas aprehensiones, la exigencia de
portar documentos (Fallo “Vera”), y el intento de complejizar en línea a esta
lógica, el Código Contravencional.
·
En las escuelas también puede
observarse el deterioro del acceso al derecho a la educación acompañado de un
fuerte autoritarismo. La pretensión de avanzar hacia la “secundaria del futuro”
desconociendo ilegalmente el derecho de los estudiantes a participar de ese
debate va de la mano del protocolo “anti-tomas” y el ingreso de las fuerzas de
seguridad a los colegios. Claro retroceso en materia educativa y violación de
los derechos a ser oídos, a participar y a asociarse de los adolescentes de las
escuelas públicas porteñas.
·
Un tema de alta preocupación es
la falta de vacantes en el sistema educativo en la Ciudad, que los organismos
oficiales identifican en más de 10.000[2]. En
ello influye el cambio de sistema de ingreso a la educación inicial, dado que
por razones de inversión no se han creado nuevas escuelas que abran
geográficamente la justa posibilidad de obtención de las vacantes necesarias ajustadas
al centro de vida de los niños y niñas. Preocupa igualmente la problemática de
la deficitaria infraestructura escolar, y la baja de la calidad y cantidad de
alimentos provistos a los comedores del sistema escolar y/o barrial.
·
A 12 años de la sanción de las
leyes nacionales y local de Educación Sexual Integral, la misma se cumple de
manera parcial en la Ciudad. Reiteradamente estudiantes, docentes y
especialistas reclamaban sin éxito aun que el Estado garantice espacios
institucionales, formación, capacitación y materiales, para que la educación sexual
integral deje de depender de la voluntad de docentes y sea una política pública.
·
Corresponde señalar el gradual deterioro del presupuesto en las áreas que
transversalmente impactan sobre la infancia y adolescencia, como así también la
pauperización de las políticas públicas y de las condiciones y recursos de y
para el trabajo con niños, niñas y adolescentes en sus territorios y
comunidades. Esto se ve claramente en el escaso presupuesto destinado a los
programas de promoción de derechos, de inclusión y fortalecimiento sociofamiliar
y comunitario, de recreación y cultura, y de formación para el trabajo en el
caso de los/as adolescentes más grandes. Esto implica en muchos casos, diseños
de políticas que, a pesar de encontrarse enmarcadas en una perspectiva de
derechos, aparecen vaciadas de recursos dejando a las/os trabajadoras/es con
escasas herramientas para construir respuestas reales y efectivas, y sin dudas
en situación de indefensión comunitaria a muchos y muchas de las familias que
residen en nuestra ciudad.
·
Al ello se suma que la puesta
en marcha de la Policía de la Ciudad junto al cambio del manejo político de la
Gendarmería y la Prefectura en diciembre de 2015, redundaron en un fuerte
aumento de la violencia institucional en contra de niños, niñas y adolescentes,
en especial en la zona sur de la Ciudad. Algunos casos emblemáticos de muertes
de jóvenes y adolescentes a manos de las fuerzas de seguridad (en el 2018 se
registraron 2 adolescentes asesinados por fuerzas de seguridad en la Ciudad), constituyen
la expresión más grave de ese cambio, que va acompañado por situaciones
permanentes y cotidianas de detenciones arbitrarias, hostigamientos, malos
tratos y vejámenes a los pibes del territorio de la Ciudad. El control más
“duro” de la vía pública, se expresa en esas aprehensiones, la exigencia de
portar documentos (Fallo “Vera”), y el intento de complejizar en línea a esta
lógica, el Código Contravencional.
·
Los
consumos problemáticos de drogas son otra de las problemáticas que nos preocupan,
tanto en adultos como en adolescentes, pues siguen sin encontrar respuestas en la Ciudad , que tiene solo un
centro de atención propio y uno tercerizado, y algunos centros comunitarios de
atención terapéutica que sólo alcanzan a dar respuestas paliativas a la
situación. Así, la ausencia de políticas socio sanitarias impiden a pibes y
pibas, en especial de los barrios más pobres, ejercer plenamente el derecho a la salud.
·
La profundización de los
procesos de segregación urbana en la Ciudad agudiza estos conflictos y
vulneraciones de derechos. Un ejemplo son las condiciones en las que se ven
obligados a vivir lxs niños, niñas y adolescentes que habitan en las villas de
la Ciudad. Por un lado, por la falta de condiciones y de obras en los pasillos,
espacios comunes y acceso a servicios e infraestructura urbana como escuelas, hospitales,
etc que constituyen una barrera concreta en el acceso efectivo a derechos. Por
el otro, por la discriminación que sufren sus habitantes y la alta incidencia
en el espacio público de los dos puntos anteriores (violencia institucional, redes
narcos, redes de trata). La conjugación de estos procesos en determinados
territorios urbanos llega a obstruir el derecho al hábitat digno y seguro y a la
integridad física de lxs niños, niñas y adolescentes que allí viven, al punto
de poner en riesgo su vida como ocurriera con Kevin en la villa 21-24.
·
Niños, niñas y adolescentes
privados de cuidados parentales resultan doblemente victimizados. Al sufrimiento
que les acarrean las situaciones de abandono o maltrato que los obligan a
permanecer en cuidados alternativos a los de su familia, padecen además la
insuficiencia de plazas adecuadas, situaciones de hacinamiento o el escaso
apoyo que los hogares reciben del gobierno local. Se violenta reiteradamente el
principio del “centro de vida” con traslados distantes, debido a que continúa
sin resolverse seriamente el problema de la regulación y habilitación de las
instituciones no gubernamentales, que se dedican a la Atención Directa de sus
cuidados alternativos como última ratio.
·
Las graves denuncias sobre
captación de adolescentes para las redes de trata con fines de explotación
sexual en el Bajo Flores, Constitución y Retiro, no se han esclarecido ni se han
tomado medidas para su investigación y prevención por parte de las autoridades
en la materia. Ha sido la comunidad a través de sus organizaciones quienes
generaron espacios de redes e incluso de acompañamiento a las chicas en las
salidas de las escuelas con corredores y micros comunitarios.
·
Sigue sin resolverse en la
Ciudad el acceso de niños y niñas judicializados al patrocinio letrado (“abogado
del niño”) en las condiciones determinadas por la Ley nº 26.061 y el Código
Civil y Comercial, que ya rige desde el año 2014.
·
Las/los trabajadoras/es de las áreas del Estado de la Ciudad que se desempeñan en la
atención de niños, niñas y adolescentes y sus familias -promoción y protección
de derechos, salud, educación, promoción social, entre otras- desempeñan sus
tareas en condiciones poco o nada adecuadas: la precarización laboral, la falta
de reconocimiento y jerarquización de la tarea, falta de recursos básicos para
el trabajo y la atención, espacios de atención insalubres o inaccesibles, falta
de instancias de formación y supervisión adecuadas, y claro está los magros
salarios percibidos, nunca ajustados a la real dimensión e impacto de los
índices inflacionarios, generan una alta rotación de personal capacitado que
busca otras alternativas de superación profesional y mejores condiciones
laborales. Por otra parte, las organizaciones que los representan no son
escuchadas en su decidida voluntad de participar en el diseño e implementación
de políticas que contemplen las necesidades insatisfechas de la infancia y la
adolescencia.
·
Del Consejo
de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes no solo dependen las Defensorías
Zonales. De acuerdo a la Ley 114, el Consejo es el organismo de rectoría y
coordinación del Sistema de Protección y Promoción de Derechos. Sin embargo, el
Consejo año tras año viene siendo postergado presupuestariamente, alejándose
cada vez más del rol que le otorga la normativa, perdiendo su lugar central en
la defensa, protección y promoción de derechos. A esto
se suma la transferencia, administración y gestión de los dispositivos del
Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, lo que desvirtúa aún más la esencia y
finalidad principal del organismo por la tarea, y siendo que ocupa casi la
mitad de su presupuesto. Basta señalar que, a este
organismo, máxima autoridad local en materia del sistema de protección
integral, sólo se destina el 0.3% del presupuesto de la CABA, y descontando el
presupuesto que se llevan los dispositivos penales recientemente transferidos,
lo destinado a los programas de promoción y protección de derechos sólo
constituye un 0.17% del presupuesto de la Ciudad (fuente: Proyecto de
Presupuesto Legislativo 2019).
·
Ello
redunda en que, pese a que la Red de Defensorías se fue ampliando con el correr
de los años y hoy existen 21 Defensorías, las demandas desbordan ampliamente la
labor de esos organismos. Las defensorías carecen de personal profesional y
administrativo, recursos materiales, insumos, infraestructura y presupuesto necesarios
lo que dificulta seriamente el trabajo con las niñas, niños, adolescentes y sus
familias para la protección y resguardo de sus derechos. Así un espacio vital
como este no resulta ser la referencia territorial de protección de derechos que
los chicos y chicas de los distintos barrios de la Ciudad merecen y necesitan.
·
Las
políticas sanitarias, educativas o de seguridad, entre otras, que se destinan a
la infancia y la adolescencia carecen de una ajustada coordinación con enfoque
de derechos, a pesar de la centralización de muchos de sus equipos en un solo
edificio, pero con la dispersión del accionar de la Comunas y las Defensorías
que allí conviven. El Plenario del Consejo -en el que hay representantes de la
oposición, de trabajadores y de organizaciones de la sociedad civil- suele
marcar muchos de los déficits que aquí señalamos, logrando incluso claros
pronunciamientos en defensa de los derechos de chicos y chicas, sin que por
ello se logren revertir desde el gobierno porteño y sus áreas específicas las
respuestas adecuadas a esas demandas, en los plazos de razonabilidad y buenas
prácticas sociales que en verdad ameritan[3].
Estos déficits en materia de derechos para los niños, niñas y
adolescentes en la Ciudad resultan intolerables, siendo que el contexto
normativo de la Ciudad –sus propias leyes, la legislación nacional, la Constitución
Nacional, los Tratados de Derechos Humanos- ofrecen un marco por demás
favorable para el desarrollo de adecuadas políticas destinadas a los chicos y
chicas, y a sus familias.
Por otra parte, la incidencia de la población menor de 18 años en la
Ciudad de Buenos Aires es muy inferior a la media nacional. Efectivamente,
mientras que a nivel nacional la población de 0 a 17 años es del 30,8%, en
CABA el peso de la niñez y la adolescencia en el total de la población es del
19,8%. Expuesto de otra manera, mientras en el 49,2% de los hogares de todo el
país hay niños o niñas, solo hay personas menores de 18 años en el 30,5% de los
hogares porteños[4].
Además de un marco legal propicio y de una población más pequeña a
la que garantizar derechos que en otras provincias, la Ciudad cuenta con otro
elemento a favor: índices de pobreza e indigencia que están muy por debajo de
la media nacional, circunstancia que no obedece a las políticas públicas locales
sino a factores estructurales e históricos.
Finalmente, no puede dejar de considerarse que la Ciudad de Buenos
Aires es, por lejos, el distrito más rico del país. Lo que, sin embargo, no va
en detrimento de los altísimos niveles de desigualdad de la riqueza y de las
condiciones de vida entre el norte y sur de la Ciudad, que afectan a niños/as y
adolescentes y que las políticas oficiales no hacen más que agudizar.
Sabemos que las definiciones de prioridades políticas junto con la contracción
presupuestaria de los gobiernos locales pueden explicar los graves retrocesos
que en materia de derechos de las infancias y adolescencias se produjeron en
nuestra Ciudad. Retrocesos que ahora se exhiben con mayor crudeza porque, a
diferencia de lo sucedido hasta diciembre de 2015, se potencian y agravan con
las políticas regresivas, y de ajuste a las que adhieren la conducción del gobierno
nacional.
Con independencia del modelo económico, social y cultural impulsado
por el presidente de la Nación, el gobierno de la Ciudad tiene herramientas
legales y presupuestarias para desarrollar políticas integrales en favor de los
niños, niñas y adolescentes, orientadas a dejar a atrás la pauperización
infantil, la precariedad de las políticas educativas y sanitarias, las
practicas represivas y criminalizadoras y el debilitamiento y desarticulación
del sistema de protección de derechos.
El objetivo del presente documento es contribuir a articular una
plataforma de acción que mejore las condiciones para dar debate a las
regresivas políticas públicas del gobierno local, en defensa de los derechos todos
los niños, niñas y adolescentes de nuestra Ciudad de Buenos Aires.
Nos proponemos desarrollar, en la más amplia unidad que posible, un
proceso de debate, organización y movilización que ponga en lo más elevado de
la agenda pública y social de la Ciudad a los chicos y chicas y sus derechos. Y
que haga posible mejorar, ampliar, calificar, nutrir y poner en valor más y
mejores políticas públicas que, tal como lo preceptúa nuestra legislación,
garanticen el acceso, en igualdad de oportunidades, de todos sus derechos a
nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestras familias.
[1] Datos publicados en La Nación 23/06/2018, y en Chequeado 6/07/2018
entre otros portales de noticias.
[2] Ver datos de “Seguimiento del dispositivo de tramitación de
vacantes escolares”, Informe de la Defensoría del Pueblo – CABA. Y del “Plan
transversal para la elaboración del presupuesto 2019” confeccionado por el
Plenario del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA, 2018.
[3] Pueden conocerse estas observaciones en las Recomendaciones del
Plenario del CDNNyA: http://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/plenario
[4] Encuesta de
Condiciones de Vida de Niños, Niñas y Adolescentes (ECOVNNA), UNICEF-SENAF,
2011/2012.
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