Era previsible. Debimos suponer que el Gobierno de Macri no iba a tolerar una ley que le fije como obligación de la acción de gobierno incluir a los pibes de los sectores populares en puestos de trabajo dignos y decentes como parte de su recuperación y rehabilitacion en los tratamientos y programas de contención.
Aquí va el comunicado difundido por la oficina de prensa de la diputada María Elena Naddeo
"Un nuevo veto a las políticas de Inclusión Social. El ejecutivo porteño vetó el Proyecto de Ley Nº 3.721-sancionado por la Legislatura el pasado 13 de diciembre-, que crea el Programa de Inclusión Laboral para Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social. La ley vetada tiene por objetivo lograr, a través de acciones de capacitación, oferta de empleo y orientación educativa, la inserción laboral de jóvenes atendidos en los programas sociales de adolescentes y jóvenes de la Ciudad. "Si Mauricio Macri priorizara la inclusión educativa y laboral de jóvenes egresados de comunidades terapéuticas, no hubiera vetado íntegramente este proyecto de ley", dijo la diputada y autora de este proyecto María Elena Naddeo.El motivo del veto, según expresa el gobierno porteño, es que "la autoridad de aplicación no debería ser el Ministerio de Desarrollo Económico y que no guarda una relación adecuada con las funciones de la Subsecretaría de Desarrollo Económico y que la facultad de celebrar convenios interjurisdiccionales corresponde al Jefe de Gobierno, la disposición del artículo 5° del proyecto de Ley avanza indebidamente sobre competencias constitucionales propias del Jefe de Gobierno".La diputada manifestó que "en ningún momento durante los debates en las comisiones los legisladores oficialistas plantearon esta alternativa y que podemos acordar otra autoridad de aplicación".El programa pedido por Bilma Acuña y María Rosa González, madres que luchan contra el consumo del paco, otorga prioridad a los egresados de comunidades terapéuticas, hogares convivenciales o derivados por los programas de prevención y asistencia en materia de consumo de sustancias psicoactivas y por las organizaciones que celebran convenios con el Gobierno de la Ciudad.“La prioridad son los chicos afectados por el consumo del paco y otras sustancias psicoactivas. Completar el circuito de atención y de protección que brindamos desde la inclusión educativa y laboral es dar una respuesta integral para los jóvenes.”, finalizó Naddeo.
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