II JORNADAS DE LA DEFENSORÍA SOBRE
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL NUEVO CÓDIGO CIVIL – 8 Y 9/9 - 2016
Su objetivo fue debatir estrategias para la prevención y erradicación de los malos tratos y abusos hacia niños, niñas y adolescentes.
La Defensoría del Pueblo, el Comité
Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los
Derechos del Niño (CASACIDN), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH), la Presidencia de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y
Juventud de la Legislatura porteña y el Foro contra la Violencia Institucional
organizaron el 8 y 9 de septiembre en Av. Belgrano 673 un encuentro para
debatir estrategias para la prevención y erradicación de los malos tratos y
abusos hacia niños niñas y adolescentes.
La jornada del jueves 8 de septiembre
comenzó con palabras de apertura de María Elena Naddeo, Directora General del
Centro de Atención de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría
del Pueblo, quien destacó que “el sistema de protección integral de los
derechos de la infancia se fue construyendo de a poco y hoy es necesario
difundir la herramienta que aporta nuevos elementos positivos a su
desarrollo”.
El primer panel analizó la ampliación
de derechos en el nuevo Código Civil y fue coordinado por María Elena Naddeo.
Nelly Minyersky, profesora consulta de la Facultad de Derecho y titular de la
Maestría en Políticas Infanto Juveniles de la Universidad de Buenos Aires, hizo
un repaso por la historia del derecho relacionado a la niñez y adolescencia.
Manifestó que “la reforma del Código era necesario. El niño dejó de ser un
objeto para pasar a tener voz”. Además, la especialista se refirió al nuevo
concepto de Responsabilidad Parental y a la prohibición de los castigos
corporales.
Bajo la consigna Impacto del
maltrato en la vida de los niños y coordinado por José Machain, plenarista del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Florencia Gentile,
también plenarista del CDNNYA por la Legislatura, expuso sobre el impacto de la
violencia y sus efectos sociales. “Hay tres efectos que hay que tener en
cuenta: las agresiones físicas se continúan en cadenas de violencia; la
distribución de la violencia es desigual; y la violencia termina siendo un
lenguaje expresivo”, señaló. Por su parte Nora Schulman, Directora Ejecutiva de
CASACIDN, expuso sobre el abuso sexual infantil. Explicó que el camino que
suele atravesar un niño luego de un abuso es “penoso, angustiante y es
revictimizado por tener que contar varias veces todo lo que vivió”. Finalmente,
el psicoanalista Juan Carlos Volnovich detalló sobre el derecho de cada niño,
niña y adolescente a saber sobre su identidad y origen. Manifestó que “la peor
de las violencias no es la física sino el abandono liso y llano”.
Luego, en la mesa sobre
“Dispositivos de denuncias, estadísticas y realidades complejas” disertaron la
socióloga Cristina Erbaro, de la Dirección de Políticas Públicas e
Investigación del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas Y Adolescentes del
Gobierno de la Ciudad, y Leonardo de Petris, miembro de la comisión directiva
del Hogar Casona de los Barriles.
Erbaro expuso las últimas encuestas de violencia intrafamiliar y otras
problemáticas de salud y educación y puntualizó que: “Lo que tenemos que tener
es criterios que enlacen la información y los indicadores que vienen de
distintas áreas, para que la producción de datos nos permita después hacer un
análisis más cercano a la realidad de los pibes”. Agregó además que plantear la
información estadística como una política pública, “es indispensable para
pensar dispositivos de intervención”.
En tanto, de Petris señaló que se observa un notable aumento en el
número de denuncias. “Hay una mayor disposición a denunciar los hechos, menos
miedo a efectuar estas denuncias en los distintos organismos correspondientes,
como la línea 102, las Defensorías zonales, las guardias de abogados, el
propio Consejo, los Juzgados de Familia y Asesoría Tutelar, la Defensoría
Pública de Menores Incapaces y la Defensoría del Pueblo”, aseveró.
En el último panel del día, acerca del tema “Políticas públicas de
inclusión en la prevención y atención de las víctimas”, participaron María
Elena Naddeo, la abogada y psicoanalista Adriana Granica, Coordinadora del
equipo de Abogados del Niño de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, y el
psiquiatra infanto juvenil Javier Indart, Coordinador del Departamento
Violencia Familiar del Hospital Elizalde.
La Directora del Centro de Atención de Niñez de la Defensoría, Naddeo,
exhibió una serie de placas sobre: el abuso de poder en la sociedad y cultura
patriarcal, los sectores históricamente discriminados (niños y mujeres), la
necesidad de políticas de Estado como la Asignación Universal por Hijo y por
Embarazo, la Ley 26061 –que destaca a los niños como sujetos de derechos-
en el nuevo Código Civil y la importancia de superar los estereotipos y
mandatos de la opresión, erradicar las redes de trata y explotación sexual y
fortalecer el sistema de protección.
Por su
lado, Granica expresó que cuando apareció la figura del abogado del niño, fue
“altamente sugerente para pensar en cómo trabajar para que esta palabra sea
escuchada, sin informes psicológicos o pericias, sino que el niño con su propia
voz pudiera expresarse”. Mientras que Javier Indart indicó que entre los
principales problemas se encuentran los métodos de comunicación, las
dificultades en los procesos terapéuticos y los protocolos.
Antes de culminar el primer
encuentro, el Defensor del Pueblo porteño, Alejandro Amor, se presentó en el
evento para saludar y agradecer a los especialistas. Amor aprovechó la
oportunidad para manifestar que uno de los problemas más serios que atraviesa
el país, en particular en algunas provincias como Misiones y Corrientes, es la
venta de chicos y la prostitución. Por eso, “exigimos la designación del
Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel nacional”, determinó. El
Defensor aclaró que no es una cuestión política circunstancial de “poner a
alguien”, sino que se trata de una razón institucional fundamental para la
defensa de la vida, la salud y la integridad de las niñas, niños y adolescentes
de toda la República Argentina.
“La normativa está vigente, el
Estado, la Justicia y los organismos existimos, sin embargo la violación
reiterada de derechos es una constante. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo
reafirmamos las convicciones y la vigencia plena de los derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes”, concluyó.
El segundo día de la jornada contó
con la participación de Rubén Efron (miembro de la Asamblea Permanente de
Derchos Humanos), Luis Duacastella (Defensor General Adjunto del Ministerio
Público de la Defensa porteño), Gustavo Gallo (Defensor a cargo de la Unidad
Funcional para Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación), y
Emiliano Bizaro (representante de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia
y Familia, quienes debatieron sobre el traspaso de los institutos penales al
ámbito de la Ciudad.
En primer lugar, Efron se refirió a
la dificultad de “quedar atrapados en los aspectos técnicos, políticos y
administrativos del traspaso y no ver la problemática de fondo de los niños y
jóvenes infractores de la ley”. Asimismo destacó la importancia de hacer un
cuestionamiento de la lógica y las prácticas punitivas a las que cateterizo
como “formas de aniquilamiento subjetivo de los jóvenes”.
En segundo término, Duacastella
señaló la contradicción que entraña el traspaso ya que “desde el año ’94 está
pendiente la transferencia de jurisdicción y competencias judiciales a la
órbita local”. En relación al rol de los organismos de control de la Ciudad
aseguró que “el Ministerio Público tiene la obligación de intervenir en los
institutos, porque en las situaciones de privación de la libertad es donde más
se vulneran los Derechos Humanos”.
A continuación, Gallo sostuvo que los
institutos penales no deberían estar a cargo del Consejo de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes ya que implicaría una incompatibilidad con su
función de defensa de derechos y seguimiento de las políticas públicas de
infancia. Por otra parte, propuso que junto a la transferencia se discuta una
nueva institucionalización de los centros de detención “que tenga en cuenta a
los chicos como sujetos de derecho y que les garantice una verdadera inclusión
social”.
Por último, Bizaro centró su
exposición en la situación de los trabajadores afectados al circuito penal
nacional, el destino del sistema penal de la Ciudad, el origen de los recursos,
y los controles interjurisdiccionales. Finalmente afirmó que “el debate sobre
la infancia y la adolescencia debe ser complementado con el discurso social y
de los trabajadores de las áreas de niñez”.
A modo de cierre, María Elena Naddeo
expresó que este tipo de jornadas “son muy apasionantes, tienen una carga
académica y emocional muy fuerte ya que estamos reflexionando sobre nuestras
propias prácticas como profesionales y especialistas en los derechos de los
chicos. Lo peor que puede pasar es que estos dispositivos de encierro pasen a
la órbita de Seguridad o de Justicia. Si la transferencia avanza, hay que
trabajar para garantizar que se haga de manera ordenada y pasen a depender de
ámbitos donde haya espacios especializados en infancia y adolescencia”.
Tomado de
www.defensoria.org.ar
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