INICIATIVA Ilepos expresa su más absoluto repudio a la resolución de la Corte Suprema,
que determinó por mayoría la aplicación del llamado “2x1” para condenados por
crímenes de lesa humanidad.
Este fallo se suma a una creciente campaña de reivindicación de la
dictadura genocida a partir de la asunción del actual gobierno, que comprende
desde la negación del número de víctimas, a las calumnias contra los organismos
de derechos humanos, pasando por los
intentos del Episcopado de una imposible “reconciliación”, hasta esta aberrante
resolución.
Aberrante en términos jurídicos, porque remite a una ley que no está
vigente, ni lo estaba cuando fueron cometidos los hechos, pero sobre todo en
términos políticos, puesto que una arbitraria equiparación con los delincuentes
comunes es improcedente cuando se trata de delitos que no concluyen, puesto que
la desaparición forzada de personas es permanente, así como ignoramos el
destino de muchos hijos e hijas de las víctimas.
Por otra parte, la sociedad argentina no puede ni debe olvidar el
carácter perverso e inhumano de los hechos cometidos desde el Estado durante la
dictadura. Torturas horrendas, vuelos de la muerte, violaciones y todo tipo de
vejámenes, requieren penas implementadas
con el rigor de la ley. Porque sólo el juzgamiento y castigo de sus
responsables puede evitar la repetición de estos actos.
Nuestra patria vivió dictaduras recurrentes, cada una de ellas con mayor
saña y determinación represiva de los sectores populares. Este gobierno, a través
de jueces impuestos y de la presión de grupos “amigos”, busca desconocer lo que
años de lucha de las Madres y Abuelas, de los organismos de derechos humanos y
del acompañamiento de vastos sectores de la sociedad lograron, mereciendo la
consideración internacional por la decidida apuesta a la condena mediante
juicios democráticos y legales, nunca a la venganza individual.
Apuesta al pasado, porque sus políticas- y en muchos casos sus
personeros- son las mismas que aplicó la dictadura a través del ministerio de
Martínez de Hoz, porque del mismo modo las leyes de impunidad que propició el
gobierno de Menem responden a las políticas de Cavallo. Son modelos de ajuste y
flexibilización laboral, de desempleo y venta del patrimonio nacional, que no
son posibles sin reprimir y coartar la protesta social y las luchas
reivindicativas. Nos gobiernan los civiles que promovieron la dictadura, sus
parientes y voceros, y con estas medidas buscan la impunidad para sus antiguos
socios, pero también para posibles juzgamientos futuros.
¡No nos reconciliamos! ¡MEMORIA, VERDAD, JUSTICIA!
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