Denunciamos una práctica de impunidad y privilegios políticos
La adopción de
niños en Argentina tiene una larga historia de irregularidades, muchas veces
denunciada tanto en sede civil como en la penal. Después de fuertes debates en
la reforma de la década del 90 y en normas posteriores hoy consagradas por el Código
Civil se ha establecido un riguroso sistema de inscripción de postulantes en el
Registro Unificado de Adoptantes (RUA) el cual funciona en el Ministerio de
Justicia de la Nación y tiene organismos equivalentes en cada una de las
provincias argentinas.
Cada postulante o
pareja de postulantes, debe inscribirse y ser debidamente evaluada por un
equipo interdisciplinario en el organismo sito en su localidad de vivienda y,
una vez aprobado, pasa a integrar el Registro único por estricto orden de
inscripción.
Los jueces
civiles solicitan las carpetas de los postulantes priorizando obviamente las
que sean cercanas al domicilio donde se tramita la guarda. Solo en casos
excepcionales se recurre a postulantes de otras jurisdicciones y en muy
contadas ocasiones y con debido fundamento la justicia civil puede establecer
otro procedimiento.
En las palabras
del Gobernador Morales, anunciando la existencia de “una familia importante
ofrecida a concretar la adopción” y cuando señala más recientemente que quien
realizó el pedido es la familia del fiscal Stornelli, se expresa en principio una
fuerte intención de transgredir la legislación consagrada en el Código Civil.
En lo profundo
predomina la visión oligárquica y conservadora de considerar la adopción como
entrega de un premio o de un objeto, y a valorar la “importancia de la familia”
de acuerdo con un código de valores poco ajustado a derecho.
Denunciamos
entonces que el Gobernador Morales incurre en incumplimiento de deberes de
funcionario público porque es su obligación conocer la legislación en materia
de derecho de familia, y nos asombra por lo menos que el fiscal Stornelli –
cuyo domicilio desconocemos, pero creemos que no es en Jujuy – desvalorice y se
disponga a incumplir los circuitos del Registro Único de adoptantes que son ley
obligada para el conjunto de la ciudadanía.
Mas allá de las múltiples
demoras y obstáculos que se presentan en los procedimientos de guarda, y del
horroroso tratamiento y la vulneración de derechos de la niña de 12 años
embarazada por una violación en la provincia de Jujuy, cuestionamos
profundamente las palabras y declaraciones de los funcionarios públicos que
utilizan un doble estándar en sus acciones personales y su gestión política.
Doble estándar
que puede definirse como Impunidad en materia del derecho de familia. Otros
antecedentes denunciados en la provincia jujeña y oportunamente señalados en la
prensa local y nacional permiten visualizar un modus operandi en materia de
adopción, caracterizado por privilegiar la entrega de niños a quienes se
considera pertenecientes a “familias importantes”, en el decir del cuestionado
gobernador. –
Maria Elena
Naddeo Copresidenta de la Asamblea Permanente por los derechos humanos
Integrante del
Comité por la libertad de Milagro Sala
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