AGUSTÍN Y GUERNICA
Por
Ana González, antropóloga, docente e investigadora de la Universidad de Buenos
Aires.
El 5
de junio de 1988 a la noche las televisiones de todas las barridas de Quilmes
estaban encendidas mirando el estreno de Tiburón.
Agustín Ramírez no se quedó con su madre, Francisca, frente al televisor. Tenía
que llevar unos tirantes a un vecino que estaba construyendo su casa. Al otro
día el cuerpo de Agustín y Javier Sotelo, que lo acompañaba, aparecieron
acribillados a balazos no muy lejos de
la casa de Francisca. La policía y la prensa quisieron montar la farsa que
había sido un tema entre pandillas, o
una cuestión de delincuencia común. Nadie que conociera a Agustín se podía
tragar semejante mentira. El joven pertenecía a las comunidades eclesiales de
base. Fue uno de los primeros objetores de conciencia que se sumó al FOSMO
(Frente Opositor al Servicio Militar Obligatorio) y trabajaba incansablemente
denunciando los negocios inmobiliarios con las tierras fiscales de los
municipios de la zona sur. Y ayudaba a organizar las familias, que ante la
falta de políticas de vivienda, ocupaban terrenos baldíos. La madre de Agustín,
sus hermanos, sus compañeros y todas las comunidades eclesiales de base, no
permitieron que la memoria de Agustín quedara en el olvido. Desde 1988 todos
los años hacen un fogón y lo recuerdan. Hoy una escuela, una calle y un Centro
de Integración Comunitaria (CIC) de San Francisco Solano, llevan su
nombre.
El 5
de junio de 2014 se llevó a cabo en la
Universidad de Quilmes un Juicio Ético por el asesinato de Agustín Ramírez. La Comisión Provincial de la Memoria había
encontrado partes policiales donde se informaba que habían abatido al delincuente terrorista. Donde daban cuenta
claramente que el asesinato de Agustín fue un asesinato político por sus
denuncias contra los especuladores inmobiliarios. En 1988 hacía sólo 4 años que
el país había salido de la dictadura. El Ministro de Gobierno de la provincia
de entonces, Luis Brunatti, con toda honestidad dijo que él no podía controlar
la bonaerense. Nadie podía.
Cuando
el 4 de julio de 1988 se limpió un terreno a
orillas del arroyo Las Piedras en Quilmes Oeste y se hizo el asentamiento San Sebastián,
asistí a una escena kafkiana. Nos llamaron a la Asamblea Permanente de Derechos
Humanos (APDH) de Quilmes de la comisaría de La Cañada. El Comisario había
detenido a varios miembros del consejo del asentamiento por no haber permitido
que unos policías ocuparan terrenos del asentamiento. Ante nuestra presencia el
Comisario justificó las detenciones porque los detenidos no tenían derecho a
sacar a los policías: “si ellos entraron
se pueden quedar”. Ante lo cual los detenidos alegaban que nadie que
tuviera casa o terreno podía ocupar un terreno en el asentamiento: “es para los que no tienen nada”. Además
tenían un orden de prioridades: madres solas con hijos, parejas con hijos,
abuelos con nietos, y de última jóvenes que tenían perspectivas de formar
familia.
Algunos
años después, 1995, muchas familias limpiaron otro terreno del Camino General
Belgrano, también de Quilmes Oeste. Al igual que en todos los asentamientos,
tenían el mismo orden de prioridades, y tenían que aguantar el frío y la lluvia
hasta poder armar sus casillas. A este asentamiento lo llamaron Agustín
Ramírez. Un domingo volvieron a llamar desesperados a la APDH Quilmes. Habían
detenido a los curas que ayudaban a la gente con alimentos y estaban rodeados
por patrulleros, policía montada, perros y fuerte armamento. Fuimos con
Lucrecia Lombán, la coordinadora de la APDH y nos paramos frente a los
caballos, los perros y los patrulleros. Atrás estaban los niños, las mujeres,
los jóvenes, aterrorizados. Estuvimos allí hasta que llegó el juez.
Hoy
ambos asentamientos son barrios con sus calles perfectamente trazadas, sus
terrenos delimitados y sus casas de material. El frío, los miedos y las
carencias habían valido la pena para poder tener una casa donde vivir una vida
digna. En el caso del asentamiento Agustín Ramírez, se negoció con la
provincia, cambiar de lugar, porque allí había habido una curtiembre y había en
la tierra metales pesados dañinos para la salud. El asentamiento se trasladó a
Florencio Varela, donde está actualmente el barrio Agustín Ramírez.
Prácticamente
todos barrios populares del gran buenos
aires se formaron de una manera parecida. Cuando los pobladores de las provincias
eran echados por los terratenientes que se apoderaban de las tierras por vías
bastante cuestionables, y los mataban de hambre, venían a buscar trabajo en las
ciudades, ocupaban un terreno, con los vecinos tiraban el agua, los cables de
la luz e iban al municipio a pedir las boletas de los impuestos para que alguna
vez poder tener su escritura. Esto pasaba en la década del 20, del 30 y 40, luego pudieron
regularizar sus terrenos y tener planes de vivienda en la década del
peronismo.
Pero en
los 60 los especuladores inmobiliarios comenzaron a hacer negocios con los
algunos inescrupulosos de los municipios del gran Buenos Aires y comprar la tierra por precios irrisorios,
que además no pagaban, a la espera que la necesidad de vivienda encareciera las
tierras. O las tierras quedaban como terrenos baldíos fiscales o dueños que
nunca aparecieron con pastizales y basureros, donde no pocas veces eran
violadas las mujeres de los barrios aledaños.
Durante
la dictadura, poco después de la guerra de Malvinas, familias comenzaron a
hacer los asentamientos de la posdictadura. El primero justamente se llamó 2 de
Abril y estaba en Almirante Brown. Durante los 80 y los 90 tanto en los
municipios de zona sur del gran Buenos
Aires, como en La Matanza, existían Consejos de Asentamientos muy bien
constituidos por delegados de cada
asentamiento, que negociaban con la provincia para lograr acuerdos de
urbanización y políticas habitacionales.
El
vendaval neoliberal destrozó casi todas las organizaciones y lanzó al desempleo
a grandes contingentes de la población. Y por lo tanto los dejó a la intemperie
o el hacinamiento.
Ya
entrado el siglo XXI, Elda, fue a las oficinas de un municipio a solicitar
comprar un terreno. En la ventanilla la mandaron a ver un hombre que “es que
el se ocupa de los terrenos” y estaba en el pasillo del municipio. El hombre le habló convincentemente.
En la siguiente reunión, siempre dentro de la municipalidad, le hizo firmar una
serie de papeles y le sacó los 4 meses
de su sueldo de empleada doméstica que había guardado para tal fin. Cuando fue
a ver el terreno, estaba ocupado y había sido vendido varias veces, según le
dijeron. Cuando fue a reclamar, en la Municipalidad nadie al estafador. Este es
el pan de cada día de las personas humildes. El negocio de estafar a los pobres
rinde grandes dividendos para algunos avivados.
El
artículo 14 Bis de la Constitución Nacional dice que el Estado se ocupará del acceso a una vivienda digna de las
familias. Al igual que el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales habla del derecho de toda persona a una vivienda adecuada. (Art. 75, inciso 22
de la Constitución Nacional) Pero además la vivienda es parte del derecho a
una vida digna y del concepto de Justicia Social.
La
doble vara con que se mide el derecho a la propiedad en nuestro país, tanto en la historia como en
la actualidad, es escandalosa. Los que mataron y se quedaron con las tierras de los pueblos
originarios de las provincias los acusaron de vagos y mal entretenidos cuando
pasaron a formar los cordones villeros de las ciudades. A Agustín lo asesinaron
por investigar la especulación inmobiliaria, el especulador siguió haciendo
negocios turbios por muchos años más. Se usurpan y desmontan todos los días
tierras de pueblos indígenas, se desalojan pobladores de décadas del Delta para
hacer countries que destruyen el ambiente…. Se podrían hacer varias biblias con
las especulaciones inmobiliarias y el atropello de los pobres, la vista gorda
de los malos funcionarios y los malos jueces. Porque los hay probos también. Pero
no es el caso aquí.
Sin
duda los municipios, las provincias y el Estado Nacional están en condiciones
de saber perfectamente cuáles son las tierras disponibles, y es su deber hacer
que se investiguen los negociados y las especulaciones inmobiliarias durante
varias décadas. Tampoco somos ingenuos, sabemos que hay quienes se escudan
detrás de las familias que necesitan desesperadamente una vivienda, para hacer
sus negocios. Y estos tránsfugas la mayor parte de las veces están en
connivencia con los malos funcionarios y los malos policías. Pero esto es
fácilmente detectable, y se deben tomar las medidas del caso, si participan en
cada lugar las familias interesadas de manera directa, como hacían los consejos
de asentamientos. Urge planes de vivienda para aquellos que no pueden acceder a
los existentes. No hay democracia sin justicia social.
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