INFORME REGIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, CEPAL SESIÒN ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS BEIJING + 20. Marzo 2015
SITUACIÓN DE LA MUJER. CONCLUSIONES
La situación de las mujeres en la región ha mejorado de manera lenta pero sostenida durante estos 20 años. A pesar de ello, los avances han sido dispares y no siempre en las mismas áreas, lo que da como resultado un panorama de progreso muy heterogéneo. Se observan diferencias importantes entre países y también dentro de ellos, especialmente cuando se trata de las habitantes de zonas rurales, las mujeres indígenas y las afrodescendientes, quienes experimentan múltiples discriminaciones que agravan las desigualdades estructurales que caracterizan a la región. Si bien las condiciones para que las mujeres ejerzan su autonomía han mejorado notablemente, persisten importantes desafíos, y uno de los principales se refiere a consolidar los logros ya alcanzados ante riesgos de reales retrocesos marcados por el peso de la cultura política y social de los países. Este es sin duda el mayor riesgo que los países han señalado.
Los cambios jurídicos, sobre todo la casi desaparición de leyes abiertamente discriminatorias, son uno de los logros más generalizados y que abarcan a la casi totalidad de los países de América Latina y el Caribe. El reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres se ha ido consolidando en cada uno de los países de la región y ha sido reconocido tanto a nivel constitucional en varios casos como en leyes específicas sobre igualdad, planes nacionales, proyectos y programas. Entre los avances impensables 20 años atrás, se encuentra el reconocimiento en varios países de la diversidad de familias y las reformas al matrimonio, las que, más allá de su importancia jurídica, demuestran cambios culturales significativos.
Los avances en la autonomía en la toma de decisiones se han producido gracias a las reformas institucionales en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el sistema electoral y la justicia, pero no es menos cierto que la región ha demostrado un cambio en la cultura democrática y, en el último decenio, ha elegido a mujeres en el máximo nivel representativo. De este modo, países como la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, Jamaica y Trinidad y Tabago han tenido a una mujer presidenta. Estos avances han permitido más representación y participación y la puesta en marcha de agendas de género explícitas mediante planes, políticas y presupuestos. Varios países han iniciado el etiquetado de sus presupuestos para poder calcular cuántos recursos se destinan a la igualdad. La falta de recursos, sumada a las resistencias culturales de los encargados de tomar decisiones y los operadores de programas, genera con frecuencia amenazas a la estabilidad institucional de los mecanismos para el adelanto de la mujer y, en consecuencia, el debilitamiento del avance de los derechos de las mujeres. En estos años, en varias ocasiones, se ha intentado disolver o limitar el alcance de los mecanismos tratando de fusionarlos con políticas de familia, limitarlos a grupos vulnerables o considerar las políticas de CEPAL Informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing... 78 igualdad como políticas asistenciales. En la mayoría de los casos, ha sido la movilización activa de las organizaciones de mujeres y el apoyo de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe lo que ha impedido retrocesos institucionales.
Es en ese contexto en el que debe entenderse el significado de la importancia que se le ha dado a la jerarquía institucional y al reconocimiento de la especificidad de las políticas de género. En el caso del Caribe, cabe señalar que 10 de 14 países no informan políticas de género (5 de los 10 están en proceso de formulación). En esta subregión, el mandato de los mecanismos para el adelanto de la mujer no siempre está respaldado por un marco jurídico, sino que se integra en planes de acción, lo que ha permitido que se realicen acciones en favor de las mujeres. El crecimiento demográfico y económico provocará que en las próximas décadas se expanda velozmente la demanda de energía, agua, minerales y alimentos. El acceso a cada uno de estos recursos y su consumo ya es un reflejo de la desigualdad y marca los desafíos hacia adelante, puesto que en todos ellos debe tomarse en cuenta el impacto diferenciado en la vida de hombres y mujeres. Los cambios demográficos alterarán el poder económico de los países y el equilibrio mundial de fuerzas, e influirán en la demanda de bienes y servicios y los movimientos migratorios (Howe y Jackson, 2011).
Una dimensión muy importante para la eficacia de las políticas es la presencia de mujeres en todas las esferas de toma de decisiones. Los avances en fortalecer la voz y la participación de las mujeres han requerido reformas institucionales en el poder ejecutivo, el poder legislativo, el sistema electoral y la justicia. En este sentido, las leyes de cuotas implementadas por los países han sido cruciales, aunque, como ya se ha señalado, falta imponer la debida sanción en caso de incumplimiento. Pueden destacarse otras dos reflexiones recurrentes en los informes: la necesidad de fortalecer los sistemas estadísticos con enfoque de género (materia obligada para la formulación de políticas públicas de igualdad) y las leyes y planes nacionales de igualdad.
En el ámbito de la autonomía económica, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo se ha producido en todos los países con diferentes velocidades e intensidades. La participación laboral de las mujeres ha mantenido sus principales rasgos: las que poseen un nivel educativo más alto, menores cargas familiares y más recursos para adquirir servicios de cuidado tienen una mayor participación económica. La estructura del mercado laboral no se ha modificado y, si a esto se suman los datos sobre distribución del tiempo entre mujeres y hombres, se observa que los costos de la participación laboral han sido asumidos de manera individual y privada por las mujeres. Las políticas públicas no han sido capaces de mejorar las condiciones de acceso de las mujeres al mercado laboral ni de garantizar su permanencia a lo largo de su ciclo vital, lo que se traduce en una clara desventaja con respecto a sus pares hombres a la hora de tener una trayectoria laboral y acceder a remuneraciones equivalentes a las de los hombres, así como al derecho a una pensión para enfrentar la vejez con dignidad y sin dependencia. Como desafíos a futuro, los países deberán desarrollar políticas que no solo mejoren el acceso al mercado de trabajo de las mujeres y apoyen su permanencia en él, sino que integren el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado. Tendrán que abocarse de manera fehaciente a desarticular las barreras de la segmentación ocupacional que mantiene a las mujeres mayoritariamente en los sectores de servicios y cuidados. Deberán además superar la brecha de remuneración y los obstáculos al desarrollo de la carrera y al ascenso profesional, la discriminación étnica y racial que se agrega a las desigualdades de género y la ausencia de protección social y de sistemas de cuidados. Mientras las políticas no logren redistribuir el tiempo y el trabajo (remunerado y no remunerado) entre hombres y mujeres, además de implementar la corresponsabilidad en el cuidado de las personas no solo entre hombres y mujeres, sino además entre la familia, el Estado y el mercado, no será posible reducir la desigualdad. En el ámbito de la autonomía física y los derechos sexuales y reproductivos, se ha avanzado en varios aspectos. Se han aprobado leyes contra la violencia hacia la mujer, de despenalización del aborto o de anticoncepción de emergencia, aunque con ciertas restricciones, como la necesidad de presentar una receta médica. 9 CEPAL Informe regional sobre el examen y la evaluación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing... La muerte materna, aunque se ha reducido, continúa siendo un desafío para los países de la región, tanto en términos de medición como de su total superación. Por otro lado, los avances en el tema de la violencia contra las mujeres se han centrado en el terreno legislativo y de atención a víctimas. El desafío que se presenta hoy en la mayoría de los países es el acceso a la justicia para lograr una efectiva aplicación de las leyes y normas. Los gobiernos de la región han coincidido en señalar que se deben superar los obstáculos y las barreras culturales que frenan el avance efectivo de los derechos de las mujeres y la igualdad entre los géneros y cambiar los patrones culturales misóginos que perjudican a las mujeres y permiten la aceptación cultural de la violencia contra ellas. Los avances han traído también dificultades en la aplicación de las nuevas normas, porque en muchos países el peso de las costumbres ha influido de manera negativa en la interpretación y aplicación de las leyes. Esto ha ocurrido en casos relativos al mandato de los mecanismos para el adelanto de la mujer, las leyes de cuotas, la educación sexual y otros en los cuales, a pesar de contar con un marco legislativo alineado con las convenciones internacionales sobre derechos humanos e incluso constituciones abiertamente favorables a la igualdad de género, no se logran aprobar políticas, programas o recursos para el cumplimiento de los objetivos. Lo cierto es que, para continuar avanzando en la implementación de la igualdad en la región, es necesario contar con un enfoque transversal de género en la formulación, aplicación y seguimiento tanto de las políticas públicas de los países como de los acuerdos que estos realicen de cara a la construcción de la agenda para el desarrollo después de 2015.
En conclusión, el progreso registrado ha sido lento e insuficiente debido a la combinación de por lo menos tres factores. En primer lugar, el peso de la crisis de los años ochenta y la posterior aplicación de programas de ajuste estructural caracterizados por un rol limitado del Estado, las medidas de desregulación del mercado laboral y la focalización de las políticas sociales, todos ellos implementados sin considerar los efectos diferenciados en mujeres y hombres. En segundo lugar, la fuerza política de los actores interesados en implementar políticas de igualdad, especialmente económicas, no ha sido suficiente para acceder a recursos político-institucionales y presupuestarios suficientes. En tercer lugar, la resistencia al cambio, de la mano de una alta tolerancia a la discriminación en las instituciones, especialmente en el sistema político, judicial, empresarial y sindical. En ese contexto, las transformaciones ocurridas durante 20 años, aunque dispares, son profundas, y es de esperar que, al articularse con la agenda para el desarrollo después de 2015, reciban el impulso necesario para lograr la igualdad real y de desarrollo sostenible
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