Viernes, 25 de marzo de 2016 Documento completo de
los organismos de derechos humanos leído en la Plaza de Mayo
“Sin derechos no hay democracia”
Por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo-Línea
Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas e
H.I.J.O.S. Capital
A 40 años del golpe
genocida, que le causó tanto daño a nuestro pueblo, con miles de asesinados,
detenidos-desaparecidos, presas y presos políticos, exiliados, con un pueblo
hundido en la pobreza, sin justicia social y con mucho miedo, estamos en esta
Plaza de Mayo para reivindicar las luchas de los 30.000. Son 40 años de aquel
24 de marzo de 1976, cuando los genocidas ocuparon la Casa Rosada para
decidir sobre la vida y la muerte. Con el terror sistemático como método,
buscaron imponer un plan económico, político, social y cultural de hambre y
exclusión con la receta escrita por los grupos económicos, el Gobierno de
Estados Unidos, la cúpula de la
Iglesia y con la participación de la corporación judicial.
Con la Doctrina
de Seguridad Nacional, intentaron instalar la idea de un enemigo interno,
formando a las Fuerzas Armadas con la Escuela de las Américas para masacrar al pueblo.
Nos llenaron al país de miedo.
El “no te metás” era la línea editorial de los medios como
Clarín, La Nación
y tantos otros que fueron partícipes de los delitos de lesa humanidad. Colmaron
las hojas de sus diarios mintiendo sobre el terrorismo de Estado, acusando a
los militantes de asesinos, mostrando como enfrentamientos los crímenes,
escribiendo los argumentos de la “teoría de los dos demonios”, ejerciendo la
acción psicológica del terror desde la tinta y el papel, acusando a los
sobrevivientes que denunciaban a la dictadura en el exterior de hacer una
campaña “antiargentina”. 40 años después, beneficiados por la impunidad, esos
medios siguen haciendo lo mismo: hablan de “grasa militante” y de “ñoquis”,
apuntando contra trabajadores y organizaciones políticas, porque les molesta
que la juventud se organice, luche, sea solidaria y comprometida.
Son 40 años de lucha, memoria y militancia. 40 años buscando
a nuestros seres amados. Empezamos este camino en mucha soledad, con
persecución y represión. Las primeras Madres de Plaza de Mayo fueron detenidas desaparecidas
en la ESMA y
arrojadas en los vuelos de la muerte. De ahí venimos, de lo difícil, del dolor,
pero también del amor por nuestros hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres,
madres y esos miles de militantes que se organizaron y lucharon por un país
grande, justo y libre. Eligieron la política como herramienta y se unieron en
organizaciones sociales, políticas, sindicales, estudiantiles, como la UES , Montoneros, ERP, FAP, los
Sacerdotes por el Tercer Mundo, FAL, Vanguardia Comunista y tantas otras.
Lucharon en los ingenios azucareros, las Ligas Agrarias, el Cordobazo y el
Rosariazo, los Astilleros y las comisiones obreras de las fábricas. Esa
militancia nos da orgullo, como la nuestra y la de todos los compañeros y
compañeras que luchamos para que la patria sea cada vez más grande.
Los que están molestos con nuestra militancia, nos
estigmatizan; pero cada victoria nos confirma que estamos en el camino
correcto. Por eso, queremos homenajear hoy también a todos los compañeros y
compañeras integrantes de los organismos de derechos humanos y sobrevivientes
que han sido parte de esta lucha y hoy no están físicamente. Por ellos y ellas
también gritamos ¡Presentes! Hoy estamos en esta Plaza con el miedo nuevamente
entre nosotros. Porque semanas atrás fue baleado un local partidario y dos
militantes fueron heridas; porque semanas antes Gendarmería tiró con balas de
goma contra una murga, mayoritariamente integrada por niños y niñas, y porque Milagro Sala es una presa política de este
Gobierno, al que le molesta la militancia.
Nos prefieren obedientes y conformistas, desinformados y sin
educación. Nos pretenden sometidos y asustados. Pero tenemos las banderas de
los 30.000 muy altas, les decimos que al miedo lo conocimos hace rato, con la Triple A y los genocidas,
y que no van a detenernos. Vamos a seguir defendiendo nuestros derechos, vamos
a seguir defendiendo la democracia. En estos primeros 100 días de gobierno,
nuestra democracia retrocedió demasiado: con decretos de supuesta necesidad y
urgencia, se violentaron leyes e instituciones, como la ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual y el Congreso de la Nación , cuando se intentó imponer a dos jueces de
la Corte. La
necesidad y urgencia que los corría era la de desarmar el país que teníamos,
integrado a la patria grande y con un Estado para el pueblo.
Lo cambiaron por un
país entregado a las corporaciones y con un Estado de espaldas al pueblo, con lógicas
empresariales y el vaciamiento de políticas sociales fundamentales para
garantizar derechos. Para intentar asegurarse ese modelo neoliberal de país,
diseñaron un protocolo de represión para que el miedo interfiera en la protesta
social y que el reclamo por trabajo, educación, salud y vivienda sea
demonizado.
Resulta importante
resaltar que entre las preocupaciones del nuevo gobierno no estuvo la de
derogar una ley que no puede seguir en vigencia: la ley Antiterrorista. ¿Será
que la usará con el protocolo de represión de la protesta social? Por eso,
porque sin derechos no hay democracia, denunciamos que en 100 días, el gobierno
de Macri, como sostuvo Rodolfo Walsh en 1977 en su Carta Abierta a la Junta Militar , ha
“restaurado la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban
el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación ”. 39 años después de
esa Carta, los miles de despidos, la persecución a la militancia, los planes
sociales desarmados, las leyes del Congreso en contra del pueblo y la
represión, son algunos de los hechos de los primeros 100 días de gobierno que
nos convocan a defender la democracia. Por eso, hoy están en esta Plaza las
centrales obreras, porque los trabajadores son la Patria , porque no vamos a
permitir que nos roben el derecho al trabajo, ni que le pongan techo a las
paritarias, ni que estigmaticen a los trabajadores y trabajadoras.
Después de más de 12 años de un proyecto de inclusión, hoy
las políticas de Estado empiezan a ser de exclusión social, política, económica
y cultural. Sin derechos no hay democracia, porque cuando todo se concentra
arriba, abajo quedan la pobreza, el hambre, la desocupación, la represión. El macrismo es el gobierno de la
exclusión planificada, de los derechos para pocos. Estos 40 años nos
encuentran en la Plaza
en la que comenzamos las rondas las Madres, Abuelas y Familiares. Empezamos a
caminar cuando estaba prohibido reunirse, cuando el Congreso estaba cerrado,
cuando la desaparición forzada de personas era el método de exterminar a la
oposición, cuando la censura era el arma del gobierno genocida para excluir de
la cultura y la información para hacer más fácil el sometimiento del pueblo.
Acá vinimos cada vez que salimos a protestar, marchar y reclamar. Acá nos
bombardearon, acá metimos las patas en las fuentes, acá hicimos la primera
marcha de la resistencia en plena dictadura, acá nos masacraron en el 2001. Acá
venimos a recordar a nuestros seres amados, porque lucharon por un país para
todos y se los llevaron por un país para pocos. Eran mujeres y hombres con
proyectos, convicciones, solidarios, comprometidos. Son 40 años: cuatro décadas
sin esos militantes que nos faltan todos los días.
Por eso no vamos a permitir que nadie, y menos un
funcionario, niegue esta ausencia forzada que son los 30.000 o intente
reinstalar la teoría de los dos demonios. Nuevamente, exigimos la renuncia
indeclinable e inmediata de Darío Lopérfido, un funcionario negacionista a
cargo de la cultura del gobierno de esta Ciudad, quien puso en duda la magnitud
del genocidio que sufrió nuestro pueblo. Tan grave como sus dichos es que el
Jefe de Gobierno de la Ciudad ,
Horacio Rodríguez Larreta, lo mantenga en su cargo. Llegamos a los 40 años de
lucha, memoria y militancia. En estas décadas, los genocidas pasaron más años
con impunidad que presos donde deben estar: en la cárcel común, perpetua y
efectiva. Al juicio a las Juntas Militares lo sucedieron la Obediencia Debida ,
el Punto Final y los Indultos que pusieron nuevamente en las calles a los
asesinos del pueblo. El camino fue duro: hasta llegamos a ver y escuchar a los
culpables reivindicar sus crímenes en televisión. Los señalamos con los
escraches para demostrar que la condena social repudiaba la impunidad.
Empezamos a ver avanzar causas judiciales fuera del país, mientras acá la
impunidad estaba comprando en el supermercado o paseando por la playa.
Esa historia empezó a cambiar en el 2003, con el Presidente
Néstor Kirchner, quien decidió sacarle las vallas a la historia e incluir en políticas
de Estado la lucha del pueblo por la
Memoria , la
Verdad y la Justicia. Así ,
con la continuidad y profundización de las presidencias de Cristina Fernández,
llegamos a estos 40 años del Golpe con más de 660 genocidas condenados, 119
identidades restituidas, más de 130 ex centros clandestinos señalizados y 35
espacios de memoria puestos en funcionamiento. La Memoria , la Verdad y la Justicia ya no son un
imposible: son una de las victorias que vamos a seguir defendiendo a diario.
El gobierno tiene un doble discurso que hay que denunciar:
mientras declara a la prensa que los juicios a los genocidas continuarán, despide
a los trabajadores y trabajadoras que sostienen las políticas de Estado que los
garantizan, como el acompañamiento a testigos y la investigación para las
causas. Además, no cesa en el intento de apartar a la Procuradora General
de la Nación ,
Alejandra Gils Carbó, y ya avanzó con limitaciones a sus funciones. Las
políticas de Memoria, Verdad y Justicia, como cualquier otra que garantice
derechos, sólo se sostienen con los trabajadores y trabajadoras adentro. Por
eso, exigimos que se terminen los despidos, que se respete el derecho al
trabajo, que se mantengan las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia
para que encontremos a todos los jóvenes apropiados, para que se sigan
preservando, recuperando y resignificando los ex centros clandestinos, para que
continúe la búsqueda de los cuerpos de los detenidos-desaparecidos y que sigan
los juicios a los genocidas.
La del 76 fue una dictadura cívico-militar. Los grupos
económicos, el gobierno de Estados Unidos, la cúpula de la Iglesia y la corporación
judicial fueron la parte civil del golpe de Estado más asesino de nuestra
historia, en el que las Fuerzas Armadas desplegaron algunos de los métodos de
tortura más macabros del mundo. Se pusieron en funcionamiento cientos de
centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, en los que algunos
integrantes de la Iglesia
y el Poder Judicial fueron parte de los interrogatorios y las torturas, en los
que hubo médicos que participaron en el plan sistemático de apropiación de
bebés, en los que se mantenía un país clandestino bajo delitos de lesa
humanidad. La participación civil en los delitos de lesa humanidad todavía
tiene demasiada impunidad. Algunos de los responsables llegaron a juicio, pero
la mayoría no. La corporación judicial sigue beneficiando a sus socios y
protegiendo a sus culpables. Con causas cajoneadas, como la de Papel Prensa,
los empresarios genocidas caminan por las calles y hoy vuelven a cargar la
tinta contra la democracia. Desde su palco de doctrina, fue el diario La Nación el primero en pedir
impunidad para los genocidas al día siguiente del triunfo electoral de Mauricio
Macri.
Los genocidas civiles
no tuvieron un papel secundario: estuvieron en la misma mesa que Videla a la
hora de planificar el terror. Incluso usaron oficinas de Clarín y La Nación para cometer sus
crímenes, e instalaciones de Ford para secuestrar, torturar e interrogar. Esos
civiles, casi en su totalidad, como Blaquier y Ma- ssot, continúan impunes. No
sólo nos daña el silencio, sino también la mentira.
Por eso, volvemos a decir que la única guerra que hubo entre
1976 y 1983 fue la de Malvinas, en la que perdieron la vida cientos de personas
en nombre de una batalla desigual. A los crímenes de la guerra se les sumaron
los delitos de lesa humanidad cometidos por algunos jefes sobre los
combatientes, delitos que deben ser juzgados y condenados como parte del
accionar criminal del estado terrorista. Esa es una de las deudas de esta
democracia, como también lo es la identificación de los 123 cuerpos de quienes
perdieron la vida en el conflicto bélico. Seguimos exigiendo el reconocimiento
de la soberanía sobre las islas. ¡Las Malvinas son argentinas! ¡Memoria,
Verdad, Justicia y Soberanía! Los genocidas mantienen los pactos de silencio.
Eso se tiene que terminar. Necesitamos saber la verdad, toda la verdad: ¿dónde
están los cuerpos? ¿Dónde están los jóvenes apropiados? Ellos lo saben porque
fueron partícipes. En todos estos años, pudimos encontrar a algunos de los
nietos y nietas, quienes ya pudieron abrazarse con sus familias. Pero faltan
muchos más: por eso, porque cientos de jóvenes todavía no conocen su identidad,
los seguimos buscando. Tal vez alguno o alguna esté en esta plaza o alguien que
está acá los conoce. Puede pasar, porque están entre nosotros, están en alguna
parte. Nosotros los buscamos siempre, cada día. Necesitamos que se acerquen,
que venzan el miedo, que asuman la duda y que vengan: si nosotros los buscamos
y ustedes se acercan, todos nos encontramos.
Recientemente, el
presidente de Estados Unidos anunció que, 40 años después, serán
desclasificados archivos de la dictadura. Es obligación de todos los Estados y
gobiernos aportar a la Memoria ,
la Verdad y la Justicia. Por eso,
esperamos que se cumpla el anuncio y que finalmente podamos acceder a toda la
información que tiene ese país, que fue partícipe de los delitos de lesa
humanidad que se cometieron en las dictaduras de la región con el Plan Cóndor.
Necesitamos que desclasifiquen toda la información, que extraditen al genocida
Roberto Bravo, uno de los asesinos de la Masacre de Trelew, y que ayuden de manera urgente
a la búsqueda de los nietos apropiados que podrían vivir en ese país. Además,
sostenemos categóricamente que Estados Unidos debe dejar de violar los derechos
humanos tanto en su territorio como en otros, como en la cárcel de Guantánamo.
Esta democracia de más de 32 años tuvo que ser defendida muchas veces. Nadie
olvida los levantamientos de los carapintadas ni la masacre de diciembre del
2001 contra la rebelión popular, cuando el pueblo volvió a ser víctima de
políticas de exclusión y represión, con más de 30 asesinados en todo el país y
las Madres nuevamente reprimidas en Plaza de Mayo.
Nadie olvida. En septiembre se cumplirán 10 años de la
desaparición forzada de Jorge Julio López y seguimos exigiendo saber qué pasó
con él y que haya Juicio y Castigo a los culpables. Tampoco olvidamos la
desaparición forzada de Miguel Bru, ni lo que hicieron con Luciano Arruga y
Andrea Viera, ni los asesinatos de Fuentealba, Cabezas, Kosteki, Santillán y
Mariano Ferreyra.
A 40 años del golpe genocida, nos sentimos nuevamente
convocados y convocadas a defender la democracia, porque el cambio de gobierno
está significando a diario la vulneración de derechos: miles de personas
despedidas en el Estado y el sector privado, la criminalización de la protesta,
la profundización de prácticas de violencia institucional, la persecución ideológica,
con el extremo de que hoy tengamos una presa política, por eso decimos: ¡Libertad ya a Milagro Sala!
Vemos también con profunda preocupación cómo en este país
cambiado se profundiza la violencia institucional, práctica represiva que nació
alimentada de los indultos, la obediencia debida y el punto final, y que sigue
siendo una de las mayores urgencias de la democracia. Mientras haya un Poder
Judicial que, como lo hizo recientemente la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ,
autorice el uso de las neopicanas Taser, lejos estaremos de lograr la
erradicación de esa violencia, como también lo estaremos mientras sigan
funcionando cárceles y comisarías como lugares de criminalización de la
pobreza, de aplicación de tormentos y torturas.
Por eso, repudiamos enérgicamente, la violencia
institucional cometida recientemente por la Policía de Miramar contra un joven militante
estudiantil y de la diversidad sexual. Pero con un Poder Judicial que habilita
a la policía a pedir el documento sin justificación, y con funcionarios que,
con la excusa de combatir al narcotráfico, pretenden dejar la seguridad en los
barrios en manos de las Fuerzas Armadas, el camino en la lucha para erradicar
la violencia institucional se hace cada vez más difícil.
También se hace difícil terminar con las violencias hacia
las mujeres cuando hay un Estado que cierra áreas de atención y protección, o
con un Poder Judicial patriarcal, que criminaliza a las víctimas, o con un
Presidente de la Nación
misógino que premia con cargos públicos a quienes denigran a las mujeres y él
mismo sostiene que, en definitiva, a las mujeres les gusta que las traten mal.
Hay mujeres que a diario pierden la vida por los femicidios. Sin un Estado
comprometido, no hay salida posible y a los funcionarios no les queda otro
lugar más que el de la complicidad. Lo mismo podemos decir sobre la trata de
personas: mientras sectores del Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad y
otros funcionarios, por acción u omisión, sean parte del delito, lejos
estaremos de terminar con ese crimen que se roba a diario miles de vidas de
mujeres, hombres, niños y niñas para la explotación sexual y/o laboral. ¡Basta
de femicidios! ¡Basta de trata de personas!
Hoy, nuestra Patria Grande está siendo atacada, porque las
corporaciones no quieren perder su poder. En esta plaza, repudiamos
enérgicamente los intentos destituyentes a las democracias latinoamericanas y
abrazamos al pueblo de Brasil en su defensa de la soberanía popular. Las
corporaciones van por Maduro en Venezuela, por Evo en Bolivia, por Dilma y Lula
en Brasil, demostrando que la corporación judicial y económica no tiene
fronteras. Van por nuestra libertad, nuestros derechos. Por eso, porque tenemos
memoria también en los pies, no olvidamos el camino recorrido y sabemos que un
pueblo organizado es imposible de vencer. Porque los que desaparecieron a los
30.000 y pretendieron matar para siempre a todas las luchas, son los mismos que
hoy persiguen a los militantes. Son los mismos que empobrecieron al país con la
deuda externa de sus empresas y dañaron con sus crímenes los que hoy vuelven a la Casa Rosada : los
Macri, la Nueva
Provincia y la Sociedad Rural Argentina.
Son los mismos y persiguen el mismo objetivo: atacar al
pueblo organizado. También nos preocupa que se venda la soberanía de nuestro
país con la megaminería, la extranjerización de nuestros recursos naturales y
con un pago irresponsable a los fondos buitres. No podemos volver a aceptar que
nos impongan deudas injustas. Recordamos el daño y el hambre que nos provocó
durante décadas la deuda externa de la dictadura. No queremos volver a eso.
Defendemos a nuestro país, defendemos nuestro futuro. A 40
años del golpe genocida, sentimos orgullo de las luchas de los 30.000 detenidos
desaparecidos. Los miramos en las fotos y los recordamos con amor, y podemos
reivindicar sus luchas. Podemos nombrarlos acá, en la Plaza del pueblo, y saber
que son parte de esta memoria colectiva que los abraza. Lucharon por una Patria
Grande, justa, libre, solidaria e inclusiva. Y a pesar de las pérdidas, y a
pesar del dolor, y a pesar de hoy estar viviendo un retroceso en materia de
derechos en el país, nunca perdimos ni perderemos las esperanzas: sabemos que
son posibles los imposibles. A 40 años del golpe genocida, a 40 años de lucha,
memoria y militancia, sin derechos no hay democracia. 30.000 detenidos
desaparecidos presentes. Ahora y siempre.
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