Desde una mirada interseccional, anti-punitivista, antirracista, de integración latinoamericana, de respeto e integración a los pueblos originarios y en clave de derechos humanos.
PROCLAMA POLÍTICA
La demanda por una reforma judicial feminista es urgente. Necesitamos una justicia que tenga una perspectiva interseccional, anti-punitivista, de integración latinoamericana, de respeto e integración a los pueblos originarios y en clave de derechos humanos.
Los movimientos feministas, organizaciones sindicales y de Derechos Humanos reunidas de manera federal hemos conformado la CAMPAÑA NACIONAL POR UNA REFORMA JUDICIAL FEMINISTA.
Las denuncias por mal desempeño a jueces y juezas patriarcales, la falta de regulaciones que preserven la vida de mujeres, infancias, adolescencias y diversidades, su re-victimización, la criminalización tanto de mujeres y madres protectoras como de personas del colectivo LGBTIQ+, la ausencia de perspectiva de género en procesos y sentencias del poder judicial, la corrupción y complicidad patriarcal en el sistema de justicia, nos llaman a organizarnos de manera urgente a lo largo y ancho de todo nuestro país.
En el año 2021 llevamos adelante un Foro Federal Virtual por una Reforma Judicial Feminista, entre más de 200 organizaciones. Allí revisamos y registramos las numerosas violencias que sufrimos dentro del Poder Judicial, las mismas que ese sistema reproduce, imparte y profundiza. Luego, en el año 2022, pudimos escucharnos entre más de las 200 asistentes al Taller por la Reforma Judicial Feminista, que desarrollamos en el último Encuentro Plurinacional de MLTI+, en San Luis.
Una de las principales conclusiones de dicho foro giró en torno al diagnóstico del Poder Judicial; poder que fue definido como clasista, racista y deshumanizado. La gran mayoría de les participantes hicieron referencia a la existencia de una “casta judicial” privilegiada, compuesta principalmente por varones cis, blancos, heterosexuales, que defienden intereses de las minorías privilegiadas y grupos económicos. Esta casta está compuesta principalmente por una “familia judicial”, que permite la inclusión en puestos laborales a familiares directos o allegado/a/s a quiénes ya están dentro del sistema. El ingreso democrático al sistema de justicia es una herramienta que hasta ahora sólo incorporaron los ministerios públicos y fue también una de las principales demandas que se expresaron en el taller.
Este Poder Judicial se esconde detrás de sus cargos vitalicios y detrás de sus exenciones impositivas; privilegios que alejan a sus funcionarios/as/es de las realidades del pueblo, especialmente de las de las clases populares, lo que vemos en las decisiones tomadas a espaldas de la sociedad y en contra de los intereses de las mayorías. La distancia y ajenidad entre los/las/les operadores de justicia y quiénes vamos a reclamar por nuestros derechos fomentan la desconfianza. A esto se suma el críptico lenguaje de los tribunales, los tiempos prolongados para tomar decisiones y la presencia de fuertes estereotipos de género, que se agravan al combinarse con factores de clase y raza, y hacen que hoy el Poder Judicial sea aquel en el que menos confía la ciudadanía.
La máxima expresión de este escenario ocurre en la Corte Suprema de Justicia, máximo órgano del Poder Judicial de nuestro país, encabezado por cuatro varones blancos, cis, hererosexuales, propietarios, cuyos fallos reproducen discursos jurídicos machistas, racistas y clasistas. Estas figuras son las responsables de la proscripción de la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de la persecución política a referentes, entre ellas mujeres dirigentes y periodistas feministas. Además, son el poder ejecutor del lawfare en nuestro país, utilizado para adoctrinar, disciplinar y amedrentar a las figuras políticas que desafían al poder económico y promulgan medidas en favor del pueblo.
Este preocupante diagnóstico colectivo respecto del mal funcionamiento del sistema de justicia, las dificultades en el acceso a la justicia de mujeres, diversidades e infancias y la utilización del Poder Judicial para atacar la democracia nos ha llevado a organizarnos, convencidas de que es momento de actuar.
Con la convicción de que somos los feminismos quienes tenemos la fortaleza, la potencia y la legitimidad necesaria y suficiente para instalar este debate público y ser el sujeto político capaz de llevar adelante estas reformas, que no son otra cosa que el fortalecimiento del sistema democrático. Sostenemos que la reforma judicial es urgente y necesaria. ¡El tiempo es ahora!
Es imprescindible para que la reforma judicial feminista sea una realidad efectiva: la remoción de los miembros de la Corte Suprema por Juicio Político y la democratización del sistema judicial.
Es imperiosa e imprescindible su transformación, ya que a través de sus sentencias baja línea política que impacta en los juzgados nacionales y federales de todo el país, incluyendo las Cortes Supremas Provinciales que la imitan, lo que resulta peligroso para la democracia.
Esta Corte Suprema no sólo conduce y organiza, sino que también disciplina al resto del Poder Judicial y persigue políticamente a lxs dirigentes.
Asimismo, la reforma judicial requiere de una real democratización del sistema de justicia. Ésta busca garantizar el acceso igualitario, promover la participación ciudadana en el sistema judicial y fortalecer los principios democráticos en la administración de justicia. Implica ampliar y profundizar la democracia en el ámbito judicial, garantizando la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad e igualdad.
En esos términos es fundamental que se contemple la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, independencia judicial e ingreso igualitario. Esto a fin de garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, contemplando el acceso equitativo a los tribunales y recursos legales y, por otro lado, en faz de ingreso laboral en la calidad de trabajadorxs judiciales.
Actualmente, se encuentra vigente la Ley de Ingreso Democrático donde el Ministro Público, Fiscal y de la Defensa. Dichos organismos la han reglamentado e implementado en sus ámbitos de aplicación. Sin embargo, por intermedio de la Corte Suprema, el Poder Judicial nunca reglamentó la ley, porque de hacerlo ¿Dónde trabajarían los hijos e hijas, sobrinos y hermanas de los magistrados y magistradas sino podían darle un cargo en su fuero? Esa es la primera consecuencia inadmisible para la corporación judicial. La segunda consecuencia del ingreso democrático, era el ingreso de personas ajenas a la élite que han forjado meticulosamente por décadas y décadas.
El juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos impulsa a sumar las demandas feministas ante las máximas autoridades del sistema, responsables directas de la corrupción en la Obra Social del Poder Judicial, los fallos benefactores a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad y la deshumanización de la/o/es justiciables. Los jueces de la Corte buscan revertirla Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que conseguimos con lucha y organización, condenar a referentes políticos populares, como ocurre con Milagro Sala -presa política del régimen de Gerardo Morales en Jujuy- e impedir procesos electorales como en San Juan y Tucumán.
La “Corte de los cuatro” atenta contra las instituciones, la democracia y los derechos humanos fundamentales. Sus decisiones legitiman la arbitrariedad, la corrupción y la ilegalidad frente al resto de los tribunales federales, nacionales y provinciales. Son un mensaje implícito para el pueblo: con esta Corte no hay justicia y los derechos humanos están en riesgo.
Por eso, desde este espacio acompañamos el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y exigimos el esclarecimiento de los hechos para garantizar la democracia. Nuestro país necesita una Corte que defienda los intereses del pueblo.
Reclamamos una reforma judicial que garantice el pleno acceso a la justicia, la democratización del Poder Judicial, que acerque a los/las funcionarios judiciales a las demandas de la población, con perspectiva de género y siempre con una mirada en clave de derechos humanos. Lograr una reforma judicial no será fácil, ni rápido. Por eso construimos este espacio de reflexión, de aportes, de experiencias, donde participamos diversos sectores de la academia, el activismo, la justicia, el periodismo, las familias y víctimas directas del (mal) funcionamiento del Poder Judicial.
Reclamamos que los Tribunales Superiores y Cortes de Justicia provinciales, cámaras y tribunales inferiores de todo nuestro país garanticen los DDHH de todas las personas y el acceso a la justicia con perspectiva de género.
Repudiamos los vínculos obscenos entre los magistrados de la Corte, jueces federales y los grupos concentrados del poder económico. El actual contexto económico marcado por la deuda externa requiere de un Poder Judicial que cumpla con su rol de garante de la Constitución y resuelva a favor de los derechos de los sectores más vulnerados.
Repudiamos los ataques a la democracia y sus instituciones por parte de la Corte, entre ellos la inconstitucional presidencia del Juez Rossatti en el Consejo de la Magistratura y su consiguiente paralización.
Acompañamos el reclamo colectivo por la libertad de Milagro Sala y la aparición con vida de Tehuel de la Torre, repudiamos todo tipo de criminalización y persecución política a través del sistema punitivo del Estado.
La Campaña Nacional por una Reforma Judicial Feminista nace desde nuestros consensos y desafíos. Estamos comprometidas/os/es colectivamente a reclamar la transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial y su buen funcionamiento. Sin justicia no hay garantía de derechos.
Invitamos a todas, todos y todes quienes se hayan sentido desamparadas/os/es por el Poder Judicial, quienes hayan acudido en búsqueda de un servicio de justicia y sólo hayan encontrado demora, desigualdad y violencia institucional, a nivel nacional o provincial, a que se reúnan y formen parte de esta Campaña Nacional abierta a plantear esta demanda, para que forme parte de las agendas electorales este 2023.
ANEXO
ALGUNAS PROPUESTAS Y DESAFÍOS DE LA CAMPAÑA NACIONAL POR LA REFORMA JUDICIAL FEMINISTA.
Se enumeran algunas propuestas, en base a los diferentes debates que se construyeron desde el año 2021 con diferentes sectores de la sociedad civil, el ámbito académico y de la vida política.
Remoción por Juicio Político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Exigir a la CSJN la reglamentación y cumplimiento de la Ley de Ingreso Democrática en todo el Poder Judicial.
Aumento en el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Implementar la paridad de género en la integración de los Superiores Tribunales Provinciales y las Cámaras de Casación Nacionales, Provinciales y Federales.
Cumplimiento efectivo y actualización periódica de la Ley Micaela (27.499/2019) para todo el personal del sistema de justicia.
Implementación de la Ley de Ingreso Democrático (26.861/2013) al Poder Judicial.
Evaluación en perspectiva de género, con una mirada en clave de derechos humanos, como criterio esencial para la elección de nuevas personas en cargos de la magistratura.
Creación de un Observatorio Popular y Feminista que de seguimiento al desarrollo de la gestión de autoridades del sistema judicial.
Implementación de sanciones a jueces, juezas, defensores/as y fiscale/as que no apliquen la normativa internacional con perspectiva de género, y la escucha activa a mujeres, infancias y diversidades.
Cuidado a las infancias como principio básico en el proceso judicial: basta de revinculación entre abusadores e infancias y/o adolescencias.
Adopción de medidas de acción urgente frente a las denuncias por violencia de género en cualquiera de sus formas.
Condena social y jurídica a la violencia política, mediática y simbólica contra todas las militantes y referentes políticas que luchan contra el poder real.
Obligatoriedad en la integración de mesas de trabajo territoriales con equipos técnicos interdisciplinarios.
Mejoras en el servicio de justicia. Descentralización tribunalicia, escucha activa, lenguaje claro y espacios de cuidados para feminidades, infancias, adolescencias y disidencias.
Más y mejor formación profesional a futuro/a/es abogado/a/es con más y mejor práctica profesional.
Articulación amplia con sindicatos, organizaciones feministas, movimientos sociales y compañeras de todo el país en pos de generar la mayor adhesión posible a nuestra Campaña, a efecto de ampliar a más demandas y reclamos.
Articulación con las juntas comunales y los consejos consultivos comunales de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de fortalecer y mejorar los espacios de abordaje de mujeres y LGBTIQ+ en situación de violencia por motivos de género.
Centralización de la información de progenitores susceptibles de ser demandados por cuota de alimentos.
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