Propuestas

Necesitamos políticas sociales y educativas de carácter universal, articuladas con las provincias y municipios a fin de llegar a todos y cada uno de los ciudadanos que lo necesiten. Esta es una nueva oportunidad histórica para volcar los recursos económicos del Estado en garantizar los derechos económicos sociales y culturales del conjunto de la población.

Ese camino ya iniciado favorablemnte desde el año 2003 por el gobierno nacional, continúa ahora con el proximo gobierno de Cristina en otra etapa politica, que deberá ser de profundizacion de la igualdad y de las metas compartidas por quienes soñamos con una Argentina solidaria, justa, democrática.
Por eso, para avanzar en un modelo de recuperación y distribución de la riqueza y porque los niños y adolescentes son las mayores víctimas de las politicas de ajuste de los ultimos veinte años proponemos:

1. Asegurar a todos los niños y niñas, hasta los dieciocho años, la percepción de una asignación familiar por hijo de acuerdo a las pautas universales de la seguridad social. Debemos ir al encuentro de la población infantil por debajo de la línea de pobreza e indigencia que asciende a casi el 40% de la población infantil del país. La existencia de servicios locales de protección de derechos adecuados - del tipo de las Defensorías barriales implementadas por la Ley 114 en la ciudad de Buenos Aires - a través de los cuales podría gestionarse, asegura la posibilidad de un seguimiento para garantizar el cumplimiento de los derechos del niño.

2. Aplicar la Ley Nacional de Protección Integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes Ley 26.061, creando servicios de protección de derechos de los niños en cada municipio. Cada ciudad, municipio y provincia de nuestro país tiene que contar con un equipo interdisciplinario – denominado servicio local de protección de derechos o defensoría zonal de derechos – altamente capacitados en los derechos de la infancia, en particular, en prevención de la violencia contra niños niñas y adolescentes.
Por ello es necesario desarrollar un Programa Nacional de protección de derechos con capacitación y apoyo económico de Nación. (SENNAF y DDHH).

3. Poner en marcha un Plan Integral de atención a la infancia y a la adolescencia en todo el país. Impulsado desde la SENNAF, articulado con municipios y provincias para desarrollar:
· Programas de fortalecimiento familiar
· Programas alternativos a la institucionalización,
· Redes de prevención y asistencia en adicciones, articulando acciones entre educación, salud, deportes, cultura y los equipos de protección de derechos de la infancia.
· Programas de acompañamiento hospitalario, domiciliario y terapéutico. Necesitamos contar con acompañantes terapéuticos que asistan a los pacientes en su domicilio.

4. Sanción de una Ley contra la Trata de personas, particularmente mujeres y niños, en la cual no se exija a la victima mayor de 18 años de edad demostrar que el eventual consentimiento estuvo viciado de nulidad. Una gran mayoría de victimas de las redes de explotación sexual y trata son mujeres jóvenes sometidas a servidumbre, si para establecer el delito de trata se exige probar el vicio del consentimiento quienes lucran con esta actividad van a quedar impunes.
Esta ley debe garantizar la existencia de un Programa Nacional de Atención a víctimas de trata de personas, con un Fondo que socorra a las provincias cuando se trata de trasladar y brindar refugio a las victimas, y equipos especializados que capaciten y supervisen el conjunto de intervenciones.
La ley contra la trata de personas, actualmente en debate en diputados con media sanción del Senado, tiene un error fundamental: no tipifica el delito cuando la víctima mayor de 18 años haya prestado su consentimiento (para “trabajar” en el prostíbulo, o en el taller ilegal). Este tema ha generado el cuestionamiento de numerosas organizaciones y especialistas especializados en el tema. Hay que modificarlo y sancionarlo con las modificaciones propuestas por el movimiento de mujeres.

5. Sanción de una ley de creación de Fiscalías especializadas en la persecución de delitos contra la integridad sexual. Las fiscalías existentes en la actualidad, por ejemplo la creada por Decreto de la Procuración General de la Nación para la Ciudad de Buenos Aires, si bien resulta un avance en la materia, carece de facultades amplias para acompañar todo el proceso de denuncia, instrucción y tramitación del juicio. Simplemente acompañan el inicio de la presentación, con lo cual su impacto es sumamente débil. Es necesaria la sanción de una ley que enmarque y establezca amplias competencias para las mismas.

6. Creación de un Observatorio de Medios de comunicación para detectar situaciones de violencia contra niños niñas y adolescentes y situaciones de violencia de género. Actualmente hay en determinados medios de comunicación un excesivo despliegue de conductas y modelos sociales que lindan con el mal gusto, la procacidad, la estimulación de la violencia y en general de imágenes basadas en estereotipos de género, tales como la mujer objeto de placer sexual, y la estimulación de practicas basadas en la valoración del éxito fácil y el consumo material permanente. Estos mensajes repetidos una y otra vez por los medios masivos de comunicación impactan de manera negativa en niños y adolescentes, generándoles angustia por aquellos modelos o conductas sexuales que no están posibilitados de alcanzar, o insatisfacción por las múltiples ofertas de consumo a las que la población mayoritariamente no accede. Teniendo en claro que la libertad de expresión es un bien prioritario a ser protegido en democracia, es necesario diseñar una estrategia normativa que limite las imágenes y expresiones estereotipadas y de estimulación de la violencia.

7. Creación de un Programa Nacional de Inserción laboral para jóvenes y jefes de hogar. Existe una franja de población adolescente y juvenil que no estudia ni trabaja. Son los chicos en banda de los barrios y asentamientos populares, de las villas de emergencia de toda la zona sur de la Ciudad. Es necesario relevarlos y brindarles no solamente un plan o subsidio coyuntural sino incluirlos en un proceso de promoción laboral con inserción comunitaria. Las experiencias de cooperativas de vivienda en este sentido han sido y son importantes. Por ello proponemos extenderlas al alcance de todos los grupos y sectores, a través de un Programa nacional y local de inserción socio laboral.

8. Impulsar la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y de los Planes de Educación Sexual y de educación para la salud.
Monitoreo de la aplicación de las leyes ya existentes. Promover la legislación necesaria para la plena vigencia de los derechos sexuales y reproductivos incluyendo la despenalización del aborto y su legalización en situaciones de riesgo psíquico y físico.

9. Modificación del Sistema de Registro Único de Adoptantes (RUA). Actualmente funciona en el Ministerio de Justicia de la Nación en cumplimiento de la ley 25.854. El sistema no está funcionando correctamente, muy pocas provincias, la Ciudad autónoma de Buenos Aires y recientemente San Juan y Santa Cruz, han concretado la adhesión al Registro. Con lo cual no existe el Registro Nacional, es una ficción, los postulantes deambulan por las distintas provincias, generándose circuitos perversos de intermediación en los cuales hay complicidades diversas.

10. Creación de un Régimen de Responsabilidad penal juvenil, derogando la ley 22.278. En este complejo tema, sostenemos que la cuestión de fondo no debe tener como eje de la discusión el concepto de bajar la edad de imputabilidad. Lo que resulta necesario es crear un sistema especial con las garantías del debido proceso que hoy ninguno de los adolescentes y jóvenes que son acusados de cometer delitos tiene.

Para ello no solamente se hace necesario modificar la legislación actual particularmente la ley 22.278 y concordantes – el llamado “régimen penal de la minoridad”- sino desarrollar nuevos programas alternativos, en consonancia con la CIDN y otros tratados internacionales, para lo cual proponemos en cada provincia y en la Ciudad autónoma de Buenos Aires la creación de de programas de acompañamiento social y educativo a chicos infractores, con un marco legal que posibilite la reparación del daño, la mediación, el sistema de probation, etc.
Derogar la ley penal de menores 22.278, y crear Sistema especial para adolescentes y jóvenes menores de 18 años infractores, con Juzgados especializados en adolescencia, con las garantías de debido proceso, y sanciones a través de medidas socioeducativas, reparación del daño, probatión, con pena privativa de libertad solamente para los homicidios y otros crímenes gravísimos.